Monterrey, NL – La diputada y coordinadora de la bancada de Movimiento Ciudadano, Sandra Pámanes, presentó una iniciativa de reforma a la Ley Electoral del Estado de Nuevo León para implementar la denominada “8 de 8 contra la violencia”, un mecanismo que busca garantizar que las personas que aspiren a cargos públicos cumplan con estándares éticos y legales, y no cuenten con antecedentes de violencia de género.
La legisladora explicó que este conjunto de lineamientos, ya aplicados por el Instituto Nacional Electoral (INE) durante la elección del Poder Judicial, pretende establecer ocho supuestos que impedirán que personas con antecedentes de violencia lleguen a ser candidatos.
“Presento iniciativa de reforma a la Ley Electoral para incluir lo que llamamos ‘la 8 de 8’. Estos lineamientos buscan evitar que cualquier persona que haya ejercido algún tipo de violencia o tenga señalamientos relacionados con estos delitos pueda acceder a un puesto de elección popular”, indicó Pámanes.
La reforma contempla modificaciones a los artículos 1, 22, 37, 88, 97, 106, 143 Bis, 143 Bis 1, 144 y 277 de la Ley Electoral, y será en el artículo 144 donde se establecerán los requisitos obligatorios para todos los candidatos, de acuerdo con la “8 de 8”.
Entre los ocho supuestos que se verificarán están delitos contra la vida e integridad corporal, libertad y seguridad sexuales, violencia familiar y doméstica, violencia política contra las mujeres, violación a la intimidad sexual, ser persona deudora alimentaria morosa, y delitos que afecten el desarrollo psicosexual.
Pámanes señaló que, además de prevenir que personas con antecedentes de violencia accedan a candidaturas, la reforma obligará a los partidos políticos y al Instituto Estatal Electoral a actuar con perspectiva de género y promover convenios de educación cívica, paridad de género y respeto a los derechos de las mujeres. También se capacitará al personal electoral sobre violencia política e igualdad sustantiva, y se garantizará la paridad de género en la integración de órganos electorales.
“Es fundamental que estos lineamientos estén estipulados en nuestra Ley Electoral para que en el proceso electoral de 2027 se evite que cualquier persona con antecedentes de violencia pueda ser registrada como candidata o candidato”, concluyó la legisladora.
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