Se fortalece estructura del PRD de NL con coordinaciones de la Mujer y Jóvenes

Con la supervisión de la dirigencia nacional, el Comité Estatal del Partido de la Revolución Democrática de Nuevo León, inició las operaciones de sus coordinaciones de Jóvenes y Mujeres perredistas, informó su presidenta Sylvia Elizondo.

Este lunes se tomó protesta a quienes coordinarán estas áreas, las de mayor crecimiento en el número de militantes y simpatizantes, mencionó la titular del comité directivo del Partido de la Revolución Democrática.

“Estamos haciendo una ruta de juventud por todos los municipios y hacemos la atenta invitación de que se sumen todos los jóvenes y las mujeres a nuestra organización, para en conjunto se sumen para buscar hacer el bien para la ciudadanía en general”, añadió Elizondo.

Julieta Camacho Granados, coordinadora de Afiliación a nivel nacional del partido del Sol Azteca destacó la relevancia de que en la entidad, los jóvenes y las mujeres, sectores poblacionales de mayor presencia y, con exigencias sociales muy importantes, sean atendidos por la organización como parte del proyecto de mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos.

La representante del Comité Ejecutivo Nacional perredista mencionó además de que los legisladores federales mantienen en su proyecto político, el lograr que en el presupuesto de egress del gobierno de la República para el 2023 se incluya un partida especial de recursos que permita subsidiar el precio del kilogramo de tortilla.

Dijo que este alimento básico de la dieta de los mexicanos se venden en Nuevo León en promedio de 23 pesos por kilogramo, aunque en otros estados llega hasta los 27 ò 28 pesos, por lo cual es necesario buscar estandarizar mediante un programa social de apoyo a la economía familiar su precio en 10 pesos por kilo.

Por su parte, la coordinadora nacional de Organización de Mujeres del PRD, indicó que se busca establecer como ley en el país la implantación de la regla 3 de 3 contra la violencia, a fin de que se establezca que ningún hombre que tenga acusaciones de violencia de género, deudas o acusaciones por falta de pago de manutención o alimentos a sus hijos y un acosador sexual, puedan ser funcionarios públicos o candidatos a cargos de elección popular.