CEDHNL alerta por rezagos en penales pese a mejora en evaluación estatal

9 de julio de 2026

La falta de personal de seguridad, el incremento de incidentes violentos y la escasa participación de la población penitenciaria en programas laborales y educativos figuran entre los principales desafíos que enfrenta el sistema penitenciario de Nuevo León, de acuerdo con el Diagnóstico Estatal de Supervisión Penitenciaria 2025 presentado por la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDHNL).

El informe, elaborado tras visitas de supervisión realizadas durante agosto y septiembre de 2025, analiza las condiciones en los Centros de Reinserción Social desde una perspectiva de derechos humanos y concluye con la emisión de 45 recomendaciones dirigidas a las autoridades estatales para fortalecer la gobernabilidad de los penales, mejorar las condiciones de internamiento y garantizar una reinserción social efectiva.

Durante la presentación del diagnóstico, la presidenta de la CEDHNL, Susana Méndez Arellano, explicó que la evaluación se construyó a partir de recorridos en los centros penitenciarios, entrevistas con personal directivo y encuestas aplicadas a personas privadas de la libertad. El estudio tomó como referencia cinco aspectos: integridad personal, estancia digna, reinserción social, condiciones de gobernabilidad y atención a grupos en situación de vulnerabilidad.

El organismo documentó que al momento de la supervisión había 11 mil 346 personas privadas de la libertad en los cuatro centros penitenciarios de la entidad. Aunque la ocupación alcanzó el 99.1 por ciento de la capacidad instalada y no existe sobrepoblación oficial, la Comisión advirtió que el crecimiento de la población penitenciaria, que fue de 11.27 por ciento respecto al año anterior, representa una presión adicional para el funcionamiento del sistema.

Uno de los indicadores que más preocupa a la CEDHNL es el déficit de elementos de seguridad y custodia, el cual llegó al 56.5 por ciento. Según el diagnóstico, esta carencia impacta directamente en el control interno de los centros y coincide con el aumento de hechos violentos registrados durante el último año, al pasar de 29 a 54 incidentes.

El informe también refleja que los programas orientados a la reinserción social continúan siendo insuficientes. Más de la mitad de las personas privadas de la libertad no realiza actividades laborales y únicamente cuatro de cada diez recibieron capacitación para el trabajo. Además, la participación en la industria penitenciaria disminuyó respecto al año previo, lo que limita las oportunidades para desarrollar habilidades productivas.

En el ámbito educativo, la Comisión reconoció avances al incrementarse el número de personas inscritas en programas académicos; sin embargo, más de ocho de cada diez internos permanecen fuera de estas actividades, por lo que llamó a revisar las condiciones que dificultan el acceso a la educación dentro de los centros penitenciarios.

El diagnóstico también identifica retos importantes en la prestación de servicios de salud. La CEDHNL insistió en reforzar la atención médica, particularmente para personas con enfermedades crónicas e infectocontagiosas, y señaló que, aunque las organizaciones civiles brindan apoyo, la responsabilidad de garantizar este derecho corresponde al Estado. Asimismo, expresó preocupación por el rechazo a la Recomendación 12VG, al considerar que ello limita la reparación integral de violaciones a derechos humanos previamente acreditadas.

En contraste, las actividades deportivas registraron un comportamiento favorable durante 2025. Cerca de siete mil 600 personas participaron en programas físicos y recreativos, lo que representa un aumento de 17.68 por ciento respecto al año anterior. No obstante, la Comisión consideró necesario ampliar la cobertura para quienes aún no tienen acceso a estas actividades.

El estudio también ofrece un panorama de la población penitenciaria. Casi el 40 por ciento tiene entre 26 y 35 años de edad, mientras que entre las personas privadas de la libertad se encuentran seis madres que viven con sus hijos, cuatro mujeres embarazadas, 367 personas con discapacidad, 85 indígenas, mil 776 personas con adicciones, 295 integrantes de la comunidad LGBTTTIQ+ y 249 adultos mayores.

Pese a las áreas de oportunidad, el sistema penitenciario obtuvo una calificación general de 7.20, superior al 7.00 alcanzado en 2024. El CERESO Femenil recibió la mejor evaluación con 7.79, seguido por el CERESO 3 Oriente con 7.09, el CERESO 2 Norte con 7.05 y el CERESO 1 Norte con 6.90.

Como resultado del diagnóstico, la Comisión emitió 45 recomendaciones, divididas en tres de carácter normativo, 32 operativas y 10 materiales, con el objetivo de fortalecer el sistema penitenciario de Nuevo León y garantizar que las personas privadas de la libertad cumplan sus procesos de internamiento bajo condiciones compatibles con el respeto a los derechos humanos.