Congreso mantiene abierto juicio político contra Samuel García tras fallo de la SCJN

14 de julio de 2026

La Comisión Anticorrupción del Congreso del Estado continuará con el procedimiento del juicio político promovido contra el gobernador Samuel García, al considerar que la resolución emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) únicamente impide la aplicación de una eventual sanción, pero no detiene el desarrollo del proceso legislativo.

La presidenta de la comisión, Armida Serrato Flores, sostuvo que el fallo del máximo tribunal autoriza al Congreso a desahogar todas las etapas contempladas en la Ley de Juicio Político, desde la integración del expediente hasta la aprobación de un dictamen que, en su momento, podría ser enviado al Tribunal Superior de Justicia.

La legisladora señaló que la interpretación de la resolución es clara y que el procedimiento puede seguir avanzando mientras la Corte resuelve el fondo de la controversia constitucional.

“La conclusión es clara: el juicio político continúa. La resolución de la Suprema Corte confirma que el Congreso puede seguir desarrollando el procedimiento constitucional. Seguiremos trabajando con responsabilidad, objetividad y dentro del marco legal hasta concluir cada una de las etapas del proceso”, expresó.

Serrato Flores aseguró que la suspensión concedida por la SCJN únicamente limita la posibilidad de ejecutar una sanción en caso de que el procedimiento llegue a esa etapa, pero insistió en que el resto del proceso permanece vigente.

La diputada explicó que actualmente la Comisión Anticorrupción se encuentra en la fase de investigaciones y diligencias, luego de haberse presentado la denuncia, notificado al titular del Ejecutivo estatal y recibido su informe por escrito.

Como parte de esa etapa, indicó que siguen pendientes las respuestas de 69 dependencias estatales y federales a las que se les solicitó información relacionada con presuntas operaciones de triangulación de recursos, contratos y movimientos financieros de empresas que forman parte de la investigación.

Asimismo, informó que el Instituto de la Defensoría Pública no respondió dentro del plazo establecido al requerimiento para designar un abogado de oficio solicitado por el propio Gobernador.

“El pasado lunes 6 de julio se envió un oficio a Carlos Manuel Cuevas Martínez, que es el titular del Instituto de la Defensoría, para que nombrara, a solicitud propia del Gobernador, un abogado defensor de oficio. La fecha fatal que él tenía para nombrar a la persona fue el viernes 10 de julio. No contestó el requerimiento”, declaró.

Añadió que esa situación deberá resolverse antes de iniciar la etapa de audiencias y alegatos, ya que aún no se conoce quién representará jurídicamente al mandatario durante esa fase del procedimiento.

Serrato Flores estimó que hacia finales de julio la Comisión Anticorrupción podría reunirse para revisar la información recabada y evaluar las pruebas integradas al expediente. durante agosto, el dictamen podría someterse a votación de la propia comisión y, en caso de aprobarse, turnarse al Pleno del Congreso para continuar con el procedimiento previsto por la legislación.

Finalmente, la legisladora afirmó que el Congreso seguirá desarrollando el juicio político conforme al marco legal y a las resoluciones emitidas por las autoridades jurisdiccionales, al asegurar que la Comisión Anticorrupción mantiene los trabajos de investigación con el respaldo de la resolución de la Suprema Corte.