23 de agosto de 2026
La certeza jurídica, la atención oportuna, la agilización de trámites y la actuación transparente de las autoridades deben ser condiciones garantizadas para todas las personas, señaló el Consejo Cívico de Nuevo León, al cuestionar que estos beneficios puedan otorgarse de manera preferencial a empresas que participan económicamente en programas gubernamentales.
El posicionamiento surge luego de que, el pasado 21 de agosto, el gobernador de Nuevo León anunciara la institucionalización de “Ponte Nuevo”, un esquema de colaboración público-privada surgido en el contexto del Mundial 2026, mediante el cual empresas y cámaras empresariales aportaron recursos para proyectos relacionados con imagen urbana, movilidad y desarrollo social.
Durante el anuncio, el mandatario estatal hizo referencia a un “trato preferencial” para las empresas participantes, que incluiría la agilización de trámites y permisos, así como un canal de atención directa ante posibles irregularidades cometidas por servidores públicos.
“Ante cualquier acto de molestia del Estado, cualquiera, fíjense lo que digo, SAT, Medio Ambiente, Inspección Laboral, el que sea, Fuerza Civil, cualquier competencia de Samuel, del Estado, ustedes tienen un trato preferencial porque ayudaron a Nuevo León a ser su mejor versión.”
De acuerdo con lo anunciado, estos beneficios serían formalizados mediante un decreto del Ejecutivo estatal.
Ante ello, el Consejo Cívico reconoció la importancia de la colaboración entre el sector público, la iniciativa privada y la sociedad civil para atender los retos de Nuevo León. Sin embargo, subrayó que esta cooperación no debería estar condicionada a la obtención de beneficios diferenciados frente a las autoridades.
La organización recordó que empresas, cámaras, organizaciones y ciudadanía han participado históricamente en el desarrollo del estado, bajo una lógica de corresponsabilidad y beneficio colectivo.
En este sentido, consideró necesario delimitar con claridad el alcance del programa y evitar que mecanismos como la agilización de trámites o la atención ante posibles actos de corrupción se conviertan en privilegios para un sector determinado.
“Un Estado que funciona bien —que agiliza trámites, que no tolera el cohecho, que atiende con oportunidad— debe serlo para todas las personas, no solo para quienes participan en un programa”, señaló el Consejo Cívico.
La organización hizo un llamado al Gobierno de Nuevo León para eliminar las barreras que enfrentan ciudadanos y empresas en su relación con las autoridades, así como para garantizar que la certeza jurídica, el combate a la corrupción y la eficiencia administrativa estén disponibles en igualdad de condiciones.
Finalmente, el Consejo Cívico sostuvo que la participación en programas gubernamentales o las aportaciones económicas no deben determinar el acceso a una atención más eficiente por parte del Estado.
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