📅 Miércoles 4 de noviembre de 2026
Clara Luz Flores Carrales, Coordinadora de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Nuevo León, acudió a las instalaciones centrales de la Fiscalía General de la República (FGR) en la Ciudad de México para presentar dos denuncias penales en contra del Gobernador del Estado, Samuel García Sepúlveda, y del Alcalde de Monterrey, Adrián de la Garza Santos, así como de quien resulte responsable por presuntas irregularidades financieras que superan los 14 mil millones de pesos.
La representante política asistió respaldada por una comitiva integrada por el senador Alejandro Murat, legisladores federales y locales, así como miembros del Comité Ejecutivo Estatal de Morena en la entidad, para dar seguimiento formal a los expedientes entregados ante el Ministerio Público de la Federación.
🏛️ Señalan presuntos esquemas de desvío y uso del poder público
Durante el acto en la capital del país, Flores Carrales detalló que las denuncias documentan supuestos mecanismos mediante los cuales se habría utilizado la función pública para favorecer intereses particulares y comprometer los recursos económicos de la población de Nuevo León.
“Ambos casos tienen un elemento en común: el presunto uso de los cargos públicos para beneficiar intereses particulares. Samuel García y Adrián de la Garza representan las mismas formas de operar: utilizar el poder público para comprometer el dinero de la gente. El servicio público no es un negocio personal y los recursos públicos no son patrimonio de una familia”, advirtió Flores Carrales.
DESGLOSE DE LAS DENUNCIAS PRESENTADAS ANTE LA FGR
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• Caso 1 (Gobierno de Nuevo León): Operaciones presuntamente irregulares por $7,212 MDP
y contratos por $110 MDP con empresas sancionadas por EUA.
• Caso 2 (Caso Next Energy Monterrey): Contratación autorizada por $7,370 MDP,
con erogaciones realizadas que superan los $1,603 MDP.
🔍 Solicitan rastreo financiero e intervención de organismos fiscalizadores
Como parte de las acciones legales, la comitiva solicitó la intervención urgente de las autoridades financieras y fiscalizadoras del país para reconstruir la ruta del dinero, identificar a los beneficiarios finales de los contratos señalados y establecer las responsabilidades penales o administrativas correspondientes.
Asimismo, Flores Carrales rechazó las versiones emitidas por la administración estatal que califican el proceso como una disputa partidista.
“Esto desecha la versión del mismo gobernador de que se trata de una persecución política (…) No estamos prejuzgando. Exigimos que las autoridades investiguen y determinen las responsabilidades correspondientes. El dinero del pueblo se respeta y la justicia no se negocia”, concluyó.


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