Denuncian 55 organizaciones retención de recursos públicos por parte del Gobierno de Nuevo León

📅 4 de septiembre de 2026

En un esfuerzo por hacer frente a la interrupción de apoyos estatales, representantes de 55 organizaciones de la sociedad civil (OSC) de Nuevo León se reunieron en la capital del estado para documentar las afectaciones operativas derivadas del retraso en la entrega de fondos públicos. El encuentro, coordinado por el Consejo Cívico, expuso la parálisis en la asignación de recursos comprometidos desde el ejercicio presupuestal de 2025 y la falta de certidumbre en las convocatorias correspondientes a 2026.

🏛️ Cronología de omisiones y la negativa a un diálogo colectivo por parte del Gobierno Estatal

Durante la sesión de trabajo, Tatiana Fraga, Directora de Consejo Cívico, presentó un informe detallado que reconstruye el funcionamiento del Programa de Fomento a las Organizaciones de la Sociedad Civil desde diciembre de 2024. El documento expone una serie de irregularidades administrativas que van desde convocatorias suspendidas hasta ministraciones canceladas y la falta de publicación de los padrones de beneficiarios para el presente año.

A pesar de que el pasado 27 de agosto el Consejo Cívico solicitó formalmente a la subsecretaria Yireth Mendoza Zamora, de la Secretaría de Igualdad e Inclusión, instalar un espacio de diálogo plural con las organizaciones afectadas, la dependencia gubernamental declinó la invitación a una mesa de trabajo colectiva, ofreciendo en su lugar únicamente un esquema de atención individualizada.

Datos clave de la problemática institucional expuesta:

• Incertidumbre acumulada: Convocatorias de 2025 concluidas con asignaciones financieras retenidas o pagadas parcialmente por falta de disponibilidad presupuestal.
• Opacidad en el ejercicio 2026: Ausencia de dictámenes y resultados oficiales para las convocatorias publicadas durante el presente año.
• Respuesta oficial: Rechazo a mesas de trabajo conjuntas y apertura de un enlace de seguimiento individual «uno a uno» por parte de la Secretaría de Igualdad e Inclusión.
• Acciones ciudadanas en puerta: Promoción de una audiencia pública formal dirigida a la Secretaría de Igualdad e Inclusión y a la Tesorería General del Estado.

💬 Testimonios del impacto social: Servicios de salud e inclusión en riesgo

El espacio coordinado por Marco Amaya, Presidente de yCo. Centro de Fortalecimiento, permitió visibilizar la repercusión directa que esta falta de liquidez genera en comunidades vulnerables, infancia con discapacidad y pueblos originarios que dependen de la cobertura asistencial privada al no ser atendidos plenamente por el sector público.

«Al final del día, es el 30% de darle servicios a niños y niñas con parálisis cerebral que son de Nuevo León… Es una exigencia de derechos pero tenemos que pensar en lo colectivo, no podemos permitir que este sea el primer año donde el gobierno diga ‘pues no, no se va a poder otorgar un derecho’.»

— Hugo Ramírez, Director de recaudación de fondos y relaciones públicas en Nuevo Amanecer.

Por su parte, activistas comunitarios señalaron que la retención de los montos acordados contraviene convenios jurídicos previamente suscritos con las autoridades locales:

«Desde 2003 hemos tenido el apoyo de muchísimas personas, instancias y gobiernos y es la primera vez que, con compromiso firmado y trabajo realizado, alguien no cumple su compromiso… Lo peor es callar por miedo. No estamos pidiendo un favor, estamos ejerciendo un derecho adquirido.»

— Carmen Farías, Fundadora de Zihuame Mochilla A.C.

El gremio de organizaciones concluyó el encuentro respaldando una postura unificada de exigencia cívica para que la Tesorería estatal y las dependencias involucradas liquiden los adeudos de 2025, transparenten el presupuesto 2026 y reabran las vías de diálogo institucional.

About The Author