Impulsan alertas por SMS y coordinación inmediata en casos de desaparición en Nuevo León

13 de mayo de 2026

Con el respaldo unánime de las distintas fuerzas políticas, el Congreso de Nuevo León aprobó una reforma a la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia del Estado para fortalecer las acciones de búsqueda de personas desaparecidas y modernizar los mecanismos de reacción inmediata ante estos casos.

La propuesta fue impulsada por la diputada priista Lorena de la Garza Venecia y recibió 40 votos a favor en el Pleno legislativo.

Entre los principales cambios aprobados se encuentra la obligación del Fiscal General de coordinarse con autoridades federales, estatales y municipales para aplicar el Protocolo Homologado de Búsqueda de Personas Desaparecidas, además de la posibilidad de establecer acuerdos con compañías de telefonía móvil para difundir alertas mediante mensajes SMS y notificaciones push en tiempo real.

Durante la presentación de la iniciativa, la legisladora advirtió que el fenómeno de las desapariciones continúa siendo una crisis nacional que requiere mecanismos más eficientes y respuestas inmediatas por parte de las instituciones.

“Pareciera que no hemos encontrado como autoridades el mecanismo con el cual podamos hacer una búsqueda eficiente de las personas que tienen reporte de desaparición”, expresó desde tribuna.

La diputada sostuvo que los protocolos actuales ya no corresponden a la dinámica de comunicación de la sociedad actual, donde el contacto permanente a través de dispositivos móviles permite detectar con mayor rapidez situaciones fuera de lo normal.

En ese sentido, señaló que esperar 24 o 48 horas para activar procesos de búsqueda resulta obsoleto ante la inmediatez con la que hoy se comunican las personas.

La reforma fue sustentada con cifras del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, las cuales indican que durante 2025 se reportaron más de 10 mil desapariciones de menores en México, mientras que miles continúan sin ser localizados. Nuevo León se mantiene entre los estados con mayor número de casos registrados a nivel nacional.

Además de incorporar nuevas herramientas tecnológicas para la localización de personas, el dictamen aprobado establece que el Poder Ejecutivo deberá asignar recursos suficientes para que la Fiscalía pueda implementar estas acciones.

También se otorgó un plazo de 90 días para actualizar el reglamento interno de la institución y adecuar sus procedimientos a las nuevas disposiciones aprobadas por el Congreso local.