3 de junio de 2026
El diputado local Javier Caballero Gaona presentó una iniciativa de reforma a la Ley de Justicia Administrativa para el Estado y Municipios de Nuevo León con el objetivo de dar cumplimiento a una sentencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y reforzar las garantías de legalidad y debido proceso en los procedimientos de responsabilidades administrativas.
El legislador explicó que la propuesta deriva de una controversia constitucional promovida por el municipio de San Pedro, en la que se señaló una omisión legislativa en el diseño actual de dicha legislación.
La iniciativa plantea que sea la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa la instancia encargada de conocer y resolver los recursos de apelación presentados contra las resoluciones emitidas por la Sala Especializada en Materia de Responsabilidades Administrativas, atendiendo así lo ordenado por el máximo tribunal del país.
“Estoy presentando una iniciativa para cumplir con un mandato de la Suprema Corte de Justicia que nos ordena, a la Comisión de Justicia, que modifiquemos la Ley de Responsabilidades Administrativas para que las salas especializadas de los tribunales cuando haya alguna controversia la tenga que turnar al nivel superior”, expresó Caballero Gaona.
El diputado sostuvo que con esta modificación se fortalece la certeza jurídica al establecer una segunda instancia efectiva para la revisión de los procedimientos administrativos.
“Con esta reforma garantizamos una segunda instancia efectiva, fortalecemos la certeza jurídica y cumplimos con una resolución de la Suprema Corte que busca asegurar una justicia administrativa más imparcial y acorde con los principios constitucionales”, agregó.
La propuesta, entregada en la Oficialía de Partes del Poder Legislativo, contempla reformas a las fracciones XVII y XVIII del artículo 18, así como a las fracciones XIV y XV del artículo 196, además de adicionar una fracción XIX al artículo 18 y derogar la fracción XVI del artículo 196 de la Ley de Justicia Administrativa para el Estado y Municipios de Nuevo León.
Asimismo, el proyecto incluye ajustes a las atribuciones de la Sala Superior y de la Sala Especializada con el propósito de armonizar el marco normativo vigente y brindar mayor claridad en la distribución de competencias dentro del Tribunal de Justicia Administrativa.
Caballero Gaona afirmó que la adecuación de la legislación estatal a los criterios establecidos por la Suprema Corte es fundamental para fortalecer las instituciones y garantizar el respeto al Estado de Derecho.
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