“Las familias están solas”: Myrna Grimaldo exige atención integral para discapacidad

15 de mayo de 2026

Ante la falta de acompañamiento institucional para miles de familias que viven con una persona con discapacidad, la diputada panista Myrna Grimaldo Iracheta lanzó un llamado al Gobierno estatal para implementar un programa integral de apoyo que atienda no sólo a quienes enfrentan esta condición, sino también a quienes se encargan diariamente de sus cuidados.

Desde la tribuna del Congreso local, la legisladora advirtió que en Nuevo León persisten carencias graves en atención médica, orientación jurídica y apoyo psicológico para este sector de la población, situación que obliga a muchas familias a enfrentar solas gastos, trámites y cuidados especializados.

La petición fue presentada mediante un Punto de Acuerdo aprobado por unanimidad, con el que se exhorta a la Secretaría de Igualdad e Inclusión a diseñar un programa permanente de acompañamiento profesional en áreas médicas, educativas, psicológicas y legales.

Durante su intervención, Grimaldo aseguró que la realidad de las personas con discapacidad en la entidad continúa marcada por la pobreza, la discriminación y el abandono institucional.

La diputada sostuvo que más del 13 por ciento de la población en Nuevo León vive con alguna discapacidad y una parte importante enfrenta además condiciones económicas adversas.

“Cuando una familia de escasos recursos tiene a una persona con discapacidad en casa, no hay orientación clara, no hay apoyo integral y no hay nadie que les ayude a enfrentar la situación”, expresó.

La legisladora cuestionó que, pese a los discursos oficiales sobre inclusión, muchas personas continúan siendo excluidas y víctimas de maltrato o negligencia.

También señaló que miles de familias deben cubrir por cuenta propia terapias, medicamentos y tratamientos especializados, mientras algunos integrantes abandonan sus empleos para dedicarse al cuidado de sus familiares.

Además del llamado a la Secretaría de Igualdad e Inclusión, el exhorto aprobado por el Congreso contempla la participación de la Procuraduría de la Defensa de las Personas con Discapacidad para establecer mecanismos de seguimiento y atención directa a las familias beneficiarias.

El acuerdo fue respaldado por los 34 diputados presentes en la sesión.