3 de junio de 2026
Vivir en uno de los estados más conectados del país se ha convertido en un arma de doble filo para la infancia en Nuevo León. Con el 83.7% de los hogares con acceso a internet (tercer lugar nacional), las alarmas se han encendido tras revelarse que el 16% de los menores ha sufrido acoso digital y un 12% ha recibido solicitudes de imágenes íntimas.
Ante este panorama, la bancada del Partido Acción Nacional (PAN) en el Congreso local, respaldada por el Consejo Consultivo de Perspectiva Familiar de San Nicolás, presentó un paquete de reformas estructurales que busca poner un freno legal a la exposición de niñas, niños y adolescentes en el entorno virtual.
La iniciativa, impulsada por legisladores como Lilia Olivares, Mercedes García e Itzel Castillo, junto con el coordinador Carlos de la Fuente, propone un cambio radical en la forma en que los menores interactúan con la tecnología. De aprobarse la reforma a la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado, quedará estrictamente prohibido que los menores de 14 años tengan cuentas en redes sociales. Para el grupo de 14 a 17 años, las plataformas digitales tendrán la obligación de exigir el consentimiento explícito de los padres o tutores antes de permitir su ingreso.
El proyecto no solo regula el acceso, sino que endurece el castigo para quienes vulneren a los menores en el ciberespacio. La reforma al Código Penal local plantea penas de 3 a 6 años de prisión, complementadas con multas de hasta 2 mil UMA, para cualquier persona que contacte a un menor de 18 años a través de internet con fines sexuales o para la obtención de material pornográfico (conductas conocidas como grooming).
«No se trata solo de prohibir, sino de dotar a las familias, escuelas y autoridades de herramientas de prevención para adelantarnos al delito», explicaron los integrantes del Consejo Consultivo, Martín Saldaña, Mauro Escalera y Ricardo Backer.
Una de las novedades de esta propuesta es la introducción de la criptografía conductual. La ley obligará a las autoridades estatales y municipales a difundir catálogos especializados que ayuden a los padres de familia a descifrar patrones de comportamiento, códigos técnicos y lenguajes ocultos que los delincuentes utilizan en internet para ganarse la confianza de los menores.
Con el 95.1% de los adolescentes de 12 a 17 años y casi el 80% de los niños de 6 a 11 años navegando activamente en la red, los promoventes urgieron a las comisiones dictaminadoras a analizar la propuesta de manera prioritaria para proteger la salud emocional y la seguridad física de las infancias neoleonesas.


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