Proponen tipificar como delito los sueldos fuera de ley en Nuevo León

24 de abril de 2026

Bajo la premisa de que «nadie puede cobrar lo que no está en la ley», la diputada priista Armida Serrato Flores presentó formalmente una iniciativa para reformar el Código Penal de Nuevo León, la cual busca sancionar penalmente tanto a los funcionarios que autoricen pagos irregulares como a quienes se beneficien de ellos.

La propuesta surge como una respuesta directa a la detección de plazas creadas «a modo» dentro del Gobierno del Estado, donde exfuncionarios mantienen percepciones superiores a los 100 mil pesos mensuales a pesar de haber dejado sus cargos originales o de ocupar posiciones que no figuran en la estructura legal del estado.

La reforma contempla la creación del capítulo «Remuneración Ilícita», que incluiría penas de cárcel que van desde los tres meses hasta los 14 años, dependiendo de la gravedad del desvío y el monto del beneficio económico. Según Serrato, la ley no solo perseguirá al beneficiario, sino a toda la cadena de mando.

«La responsabilidad no debe recaer únicamente en los niveles más bajos. Buscamos que se investigue y sancione a todos los involucrados en la cadena de decisiones», enfatizó la legisladora.

Durante la presentación en la Oficialía de Partes, la diputada no dudó en señalar casos específicos que motivaron esta reforma. Mencionó las situaciones de Javier Navarro y la exsecretaria de Educación, Sofialeticia, señalando que tras sus movimientos de gabinete aparecieron en «coordinaciones inexistentes» o áreas que no están contempladas en el organigrama aprobado por el Congreso.

Serrato recordó que desde 2018 existe un mandato constitucional que obliga a que toda remuneración de servidores públicos esté debidamente regulada. No obstante, advirtió que la falta de consecuencias penales claras ha permitido que el Ejecutivo estatal ignore esta disposición.

Con esta iniciativa, el PRI busca cerrar la brecha de impunidad en el gasto de nómina, exigiendo que cada peso pagado por el Estado tenga un sustento legal y estructural transparente, fortaleciendo así el control sobre el presupuesto público de Nuevo León.