8 de junio de 2026
Los costos que representan las multas, el arrastre de grúas y los días de resguardo en los depósitos municipales podrían dejar de ser un golpe directo al bolsillo de las familias neoleonesas. Heriberto Treviño Cantú, coordinador de la bancada del PRI en el Congreso local, presentó hoy una propuesta para reformar la Ley de Movilidad Sostenible, de Accesibilidad y Seguridad Vial, con el fin de evitar que los autos sean enviados al «corralón» cuando el conductor sea sorprendido en estado de ebriedad.
La iniciativa plantea un cambio sencillo pero significativo, permitir que un acompañante o familiar, que cuente con licencia vigente y esté en condiciones aptas, tome el volante y retire el vehículo del lugar. Con esto, se busca que la sanción se limite a la falta cometida por el conductor, sin que esto se convierta en una carga económica excesiva por servicios de grúa y pensión.
El legislador sostiene que su propuesta no es una ocurrencia, sino un ajuste necesario basado en criterios del Poder Judicial Federal. Según explicó, la retención del auto pierde su función principal cuando el peligro ya ha sido mitigado al retirar al conductor infractor. «Una vez que la autoridad cumple su propósito de evitar que una persona alcoholizada siga manejando, no hay razón para generar costos adicionales a las familias», puntualizó Treviño.
En ese sentido, el coordinador priista enfatizó la necesidad de humanizar las sanciones administrativas: “La iniciativa de ninguna manera elimina, ni reduce las sanciones aplicables a quienes conduzcan bajo los efectos del alcohol, ya sea que corresponda multa, arresto u otras medidas; pero se puede evitar el traslado obligatorio del vehículo al corralón porque ya no tendría justificación”, sentenció el legislador.
Aunque algunos municipios como San Pedro y Apodaca ya implementan esquemas que permiten la entrega del vehículo a un tercero, la intención de esta reforma es establecer un marco legal uniforme para todo el estado. Al elevar esta medida a la Ley de Movilidad estatal, se busca dar seguridad jurídica tanto a las autoridades municipales como a la ciudadanía.
La reforma busca, en última instancia, que las políticas de seguridad vial sean equilibradas y congruentes, garantizando que el castigo por la infracción no se transforme en una afectación patrimonial desproporcionada para el núcleo familiar.
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