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Sanciona Asamblea Nacional de Venezuela reforma legal para permitir inversión privada en sector eléctrico

📅 Jueves 19 de noviembre de 2026

La Asamblea Nacional de Venezuela sancionó por unanimidad, el pasado 10 de noviembre, la reforma parcial de la Ley Orgánica del Sistema y Servicio Eléctrico, una medida impulsada por el gobierno interino encabezado por Delcy Rodríguez con el propósito de reabrir el sector energético a la inversión privada, siguiendo la línea de cambios legales recientes aplicados en las áreas de hidrocarburos y minería.

La aprobación de esta normativa se produce en un contexto de severa crisis eléctrica que afecta tanto a los hogares como al aparato industrial venezolano, y cuya rehabilitación total requiere inversiones estimadas entre los 15 mil y los 40 mil millones de dólares, según proyecciones técnicas del sector.

⚡ Impacto de los apagones en la población y la industria

De acuerdo con reportes del Observatorio de Conflictividad Social de Venezuela, durante el mes de septiembre se registraron 1,101 protestas ciudadanas en el país, de las cuales 531 —equivalentes a un promedio de 18 manifestaciones diarias— estuvieron relacionadas directamente con cortes prolongados en el suministro de energía eléctrica.

En el ámbito productivo, la Encuesta de Coyuntura Industrial del tercer trimestre de 2026 elaborada por Conindustria reveló que el 71 por ciento de las empresas consultadas identifica las fallas eléctricas como el principal freno para su operación y competitividad. Según el gremio empresarial, entre julio y septiembre las industrias manufactureras acumularon un promedio de 231 horas laborables sin electricidad —el 44 por ciento de su jornada—, generando sobrecostos operativos mensuales de 34,230 dólares por empresa.

A esta situación se suma la solicitud presentada el 16 de noviembre por los alcaldes de los municipios Baruta, El Hatillo y Los Salias, quienes pidieron al Ejecutivo Nacional declarar una emergencia ante las fallas de luz y agua en la Gran Caracas.

CLAVES DE LA REFORMA ELÉCTRICA EN VENEZUELA (NOVIEMBRE 2026)
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• Fecha de Aprobación:  10 de noviembre de 2026 (sanción unánime en Asamblea Nacional).
• Objetivo Oficial:     Reabrir el sector eléctrico a la inversión privada ante la 
                        insuficiencia de recursos estatales.
• Inversión Estimada:   Entre 15,000 y 40,000 millones de dólares para rehabilitar la red.
• Concesiones:          Otorgadas por el Ministerio de Energía Eléctrica hasta por 25 años, 
                        con facultad de rescisión anticipada por interés público.
• Ente Regulador:       Creación de la Superintendencia del Sistema Eléctrico Nacional, 
                        cuyo directorio designa y remueve directamente el Ejecutivo.
• Operador Estatal:     Corpoelec mantiene el control centralizado de las etapas del sistema.

🔍 Señalamientos de especialistas sobre regulación e inseguridad jurídica

Pese a que diversos analistas coinciden en la necesidad de atraer capital privado para recuperar la infraestructura, especialistas en políticas públicas y servicios básicos han advertido que el diseño de la reforma mantiene esquemas de centralización y discrecionalidad estatal que podrían limitar la llegada de inversionistas.

El ingeniero Jesús Armas, director de la organización Monitor Ciudad, señaló que aunque la ley crea la Superintendencia del Sistema Eléctrico Nacional como organismo fiscalizador, su directorio queda sujeto al libre nombramiento y remoción del Presidente de la República sin intervención parlamentaria, lo que a su juicio compromete la autonomía técnica del regulador.

“La reforma abre la puerta al sector privado, pero de manera ‘chucuta’ (incompleta), y deja todo el control en el mismo escritorio: el del ministerio”, cuestionó Armas respecto a las facultades concentradas en el Ministerio de Energía Eléctrica.

Asimismo, el especialista advirtió sobre tres factores que generan incertidumbre jurídica y financiera para el capital privado:

  • Concesiones y rescisión: El ministerio puede otorgar concesiones por hasta 25 años sin la obligación general de licitaciones públicas competitivas, y cuenta con la facultad de revocarlas anticipadamente por razones de interés público sin cláusulas explícitas sobre la compensación de inversiones no amortizadas.
  • Esquema tarifario: La reforma omite definir los criterios para fijar tarifas y subsidios, un elemento determinante para calcular la rentabilidad de los proyectos en un mercado con precios altamente subsidiados.
  • Continuidad de Corpoelec: La legislación conserva la estructura centralizada de la empresa estatal Corpoelec en las etapas de generación, transmisión, distribución y comercialización. En declaraciones al medio TalCual, el ingeniero y expresidente de Hidrocapital, José María de Viana, criticó que la norma otorgue nuevamente facultades extraordinarias a dicha corporación estatal en lugar de reestructurar el servicio mediante empresas eléctricas regionales.

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